En el sector de 4 de Noviembre y callejón Azuay abundan desechos plásticos. Jorge Peñafiel |
El viernes pasado, el Ministerio del Ambiente y la Gobernación anunciaron que sancionarán con prisión de cinco a siete días y multas de $ 44 a $ 88 a quienes arrojen basura al estero, basándose en el artículo 607 del Código Penal. Advirtieron con sanciones administrativas al Municipio “dada la mala gestión de desechos sólidos”, según la ministra Lorena Tapia.
En respuesta a aquello, mediante un comunicado el Municipio señala que no es responsable de la limpieza de todo el estero, puesto que hay un tramo que fue asumido por el Gobierno nacional y que va desde la ciudadela La Fragata hacia el puerto marítimo.
El documento refiere que entre agosto del 2012 cuando Visolit (contratada por el Cabildo) empezó operaciones y abril de este año se han recolectado 9.667,28 toneladas métricas de desechos sólidos no peligrosos. Con ello se cubrió 5’400.000 metros cuadrados que equivalen a 540 hectáreas.
Víctor Carpio, morador de Rosendo Avilés y callejón 24, afirma que muchos de ellos están pendientes y vigilan que gente de otras zonas no bote basura al estuario.
Lo mismo ocurre en la 42 y la R, donde los moradores fueron notificados de que tienen que salir del lugar para dar paso al proyecto Guayaquil Ecológico, con el que el Gobierno espera recuperar el estero hasta el 2017. Pero habitantes como Josefina Peñafiel se niegan a salir porque no quieren trasladarse a las casas del plan Socio Vivienda, en el noroeste.
En esta zona el estero se observa limpio. Ese panorama contrasta con el sector de 4 de Noviembre y callejón Azuay, donde abundan las fundas, cañas y palos en el estuario.
Fuente: El Universo
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